La Vinca Ecologistas en Acción

COLECTIVO SALVAR AMAGRO

Ejemplo para ilustrar el inquietante resultado de la conjunción entre el presunto valor protector de la ley y la falta de valor por parte de sus ejecutantes para hacerla valer frente a quienes pretenden vulnerarla.

“Valor de ley” es la denominación escogida para traducir a la lengua oficial del Estado español una conocida película del género western inspirada en un libro de Charles Portis titulado “True Grit”. En la conciencia de quienes hemos crecido al amparo de los denominados “Estados de Derecho”, los tiempos a los que nos remite ese género cinematográfico, muy probablemente nos evocan momentos y lugares en los que el incumplimiento de la ley, o la arbitrariedad de su ejercicio, constituían la norma, haciendo que hablar de “ley”, en tales circunstancias, suponga mentar algo que rara vez satisface las connotaciones de regularidad y seguridad que el concepto de ley conlleva, o debería conllevar, como notas esenciales de su significación .Para quienes hemos aprendido a autoconcebirnos habitando un mundo gobernado bajo el imperio de la ley ,como quizás también se pretendía en aquellos tiempos- que desde nuestra perspectiva “civilizada” se nos antojan feroces o salvajes- el rango o valor de ley de una norma debería proporcionar el mayor grado de protección sobre el asunto que se pretende legislar mediante ella. Pero, ¿de qué sirve una protección con rango de ley si luego quienes nos gobiernan no tienen el valor para defender la ley que presuntamente nos protege?

El caso de las actuaciones de las Administraciones Públicas Canarias en relación a la Montaña de Amagro, no siendo el único en su género, constituye un lamentable, a la par que paradigmático, ejemplo para ilustrar el inquietante resultado de la conjunción entre el presunto valor protector de la ley y la falta de valor por parte de sus ejecutantes para hacerla valer frente a quienes pretenden vulnerarla; máxime si quienes la vulneran son precisamente quienes tienen encomendada la función de hacerla cumplir; en tal caso la inquietud puede adquirir tintes terroríficos, por no decir terrorísticos.

En teoría, la declaración del Macizo de Amagro como Espacio Natural Protegido en la categoría de Monumento Natural por el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, debería haber librado a ese espacio de las actividades iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor de la normativa protectora y que han constituido la principal amenaza para la conservación de la integridad de ese paraje. No obstante, a pesar de contar con toda una normativa con rango de ley encaminada a su protección y conservación, las actividades extractivas no han cesado durante todo este tiempo, aún cuando la propias Normas de Conservación de Amagro prohíben expresamente ese tipo de actividades. Podríamos pensar que una suerte de inercia política ha hecho que las actividades proscritas por norma hayan continuado más allá del tiempo en el que deberían haber cesado. Sin embargo, lo insólito no se ha hecho esperar y sorprende que haya provenido de manos de quienes deberían haber puesto fin a las actividades aludidas,es decir, de quienes representan la máxima autoridad protectora en materia medio ambiental en el territorio de la comunidad autónoma: el Gobierno de Canarias. Esta responsabilidad en la protección de los espacios naturales alcanza a todas las Administraciones públicas no sólo en virtud del artículo 6.K) del Decreto 111/2002, 9 de agosto de traspaso de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de protección del medio ambiente y gestión y conservación de los espacios naturales protegidos, sino también a tenor de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que involucra a todos los poderes públicos.

El primer capítulo de esta terrorífica actuación por parte de las Administraciones Públicas, lo escribe el Gobierno de Canarias cuando, contra todo pronóstico, decide ejercer su potestad expropiatoria para conceder unos derechos de explotación, sobre unos terrenos de titularidad pública localizados en el corazón mismo de un espacio natural protegido como lo es el Macizo de Amagro, a una empresa privada que continuará con las actividades extractivas que según la legislación citada, deberían haber cesado ya hace tiempo. Diversos colectivos ciudadanos como El Turcón EeA, La Vinca EeA,  Ben Magec-Ecologistas en Acción y la plataforma creada ex profeso Salvar Amagro, presentan las correspondientes alegaciones en tiempo y forma para paralizar la actividad pretendida. A la sazón, desde el colectivo Salvar Amagro, se remite una carta al presidente del Cabildo de Gran Canaria instándolo a que tome cartas en el asunto y que cumpla con sus funciones protectoras y de conservación de los espacios naturales. La respuesta del máximo responsable de la institución insular constituye uno de los últimos capítulos en esta serie de intrigantes despropósitos protagonizados por los dirigentes de las Administraciones públicas canarias. La parquedad de su contestación es inversamente proporcional a la desvergüenza y el descaro con el que ha tratado de sacudirse toda responsabilidad sobre el asunto. Lo que es de agradecer por sus cortas palabras no solo se relaciona con la obviedad de facilitar su transcripción, sino que, además, por el contenido de las mismas, no tienen desperdicio en lo que se refiere a poner de manifiesto el desprecio y desdén que se desprenden de un gesto pragmático de esa guisa por parte de quien tiene asumidas las competencias en materia de gestión y conservación de espacios naturales protegidos . Así respondió nuestro legítimamente elegido presidente de la máxima institución de gobierno a nivel insular:

“Estimada señora:

Como usted conoce bien, se trata de una concesión minera que sólo puede resolver el Gobierno de Canarias. Le traslado su escrito. El Cabildo de Gran Canaria no tiene competencias en este tema.”

A una obviedad como esta se le responde con otra: Señor Presidente del Cabildo de Gran Canaria, usted también sabe que no le pedimos que asuma las competencias que tiene asumida el Gobierno Autonómico en materia de concesión de licencias para el ejercicio de la actividad minera, le instamos a que ejerza su potestad para denunciar si es preciso la actuación del Gobierno Autonómico tanto por vía administrativa como judicial, oponiéndose a ella en virtud de las competencias adquiridas por los Cabildos para gestionar y conservar los espacios naturales protegidos. ¿ Acaso pretende usted que creamos que si en lugar de tratarse de la afectación del espacio protegido de Amagro hubiesen sido, pongamos por caso, las partidas presupuestarias asignadas al Cabildo, o se hubiesen visto recortadas las competencias de los presidentes de los cabildos insulares, usted hubiese respondido y actuado con tanta aparente indolencia y ejemplar templanza? O, si nos encontrásemos en periodo de campaña electoral y el gobierno de canarias estuviese comandado por un equipo de gobierno que constituyera un rival político del grupo político al que usted pertenece y al que está disciplinariamente subordinado ¿no habría sacado partido electoral denunciando la actuación del gobierno de Canarias al vulnerar flagrantemente la legislación vigente que tanto el propio Gobierno autonómico como los Cabildos y Ayuntamientos deberían defender y cuyo cumplimiento deberían promover? Por favorrrrrrr……... !!!!!!!!!!

Resulta cuando menos vergonzoso que colectivos de ciudadanos organizados como El Turcón, La Vinca, Ben Magec y Salvar Amagro, tengan que asumir las funciones que ustedes como organismo público tienen asignadas por ley; labor, entre otras, por la que perciben una remuneración. Que sean los propios ciudadanos quienes tengan que recordarle al Presidente de la institución insular que conforme a ciertos preceptos legales que han sido citados en las alegaciones presentadas en su momento, tiene la obligación de proteger el espacio natural protegido de Amagro, y con mayor razón si la principal amenaza proviene de otro nivel de la propia Administración Autonómica, sería motivo suficiente para que entregase su placa por no tener valor para defender la ley frente a

quienes la amenazan.

Lo lamentable del caso aquí expuesto, es que no constituya una excepción. Que la ciudadanía tenga que estar fiscalizando y supervisando el ejercicio del poder por parte de aquellos y aquellas en quienes se ha depositado la confianza para que hagan un correcto uso del mismo, no constituye una situación que aliente precisamente a la confianza; valor éste último al que tantas veces se cita como piedra angular de los sistemas democráticos. En el caso del Monumento Natural de Amagro, la manera como se han comportado nuestros representantes y ejecutantes de la legalidad vigente, nos deja ante una impresionante pintura en la que predominan los tonos de la vulnerabilidad y la desprotección coloreando a una ciudadanía perpleja; y no por estar huérfana de leyes protectoras, sino porque quienes tienen asumido el compromiso de hacerlas cumplir se desentienden de sus obligaciones. No sería descabellado establecer una analogía con los atemorizados habitantes de los poblados de las películas del género western permanentemente expuestos a los abusos de poder bien sea por parte de forasteros que interesadamente no respetan las leyes, bien sea por parte precisamente de quienes han sido elegidos para defenderlas y hacerlas valer. En tales circunstancias, los colectivos de hombres y mujeres se ven obligados a organizarse y asumir la tarea de defender la legalidad vigente frente a unos gobernantes que de protectores pasan a ser, de facto, detractores de la misma; cortocircuitando de esta manera el nada desdeñable procedimiento de ratificación de la confianza depositada en ellos; procedimiento de retroalimentación de la confianza tan necesario para mantener unos niveles saludables de legitimidad en los sistemas democráticos. En otros términos, en casos como el aquí expuesto, nuestros gobernantes cobran por incumplir con su deber mientras la ciudadanía se encarga no sólo de hacerles el trabajo, sino que además, al parecer, se espera que se comporte con resignación ante el incumplimiento de la legalidad bajo la excusa de que quienes ostentan el poder lo hacen legítimamente. Por esta vía, no resultaría difícil ni mucho menos impertinente, y hasta puede que sea recomendable, desembocar en la conclusión de que quizás, la virtud de nuestra clase política sea una planta que para florecer y fructificar esté necesitada de un tiempo de exposición a la sombra del miedo y la desconfianza; ya que, de otra manera, solo nos faltaría arrodillarnos ante ellos y, cegados por el reflejo del sol en sus insignias estrelladas, cual comisarios del salvaje oeste, agradecerles que no hayan sido todo lo descarados y despiadados que podrían haber sido. Si no tienen valor para defender las leyes vigentes, tengan al menos el valor de entregar su placa y esperemos que a los Comisarios europeos no les falte el valor de hacer valer las leyes frente a quienes pretenden violarlas; porque de violaciones parece que las altas esferas de esta isla entienden bastante bien, así como han demostrado un voluntarioso refinamiento en el arte de camuflarlas o velarlas, a tenor de los lamentables y vergonzosos casos que la propia prensa se ha encargado de tratar con aconsejable delicadeza por mandato directo de las fuerzas oscuras que al parecer están por encima, o quién sabe si quizás detrás, de la ley.