La Vinca Ecologistas en Acción

En los últimos días ha vuelto a ser noticia la inminente demolición del hotel RIU Oliva Beach, que ocupa actualmente el Espacio Natural Protegido de las Dunas de Corralejo de forma irregular al tener caducada la concesión para permanecer en él.

Tras el anuncio de la caducidad de la concesión en febrero de este mismo año y la orden de demolición declaradas por el Ministerio para la Transición Ecológica, sumado al posterior dictamen del Consejo de Estado que reitera las competencias estatales sobre esta decisión, hace unos días llegaba también la respuesta del Gobierno de España al Gobierno de Canarias que vuelve a repetir lo que ya se sabía: el ejecutivo autonómico no tiene competencias en este asunto.

La Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción quiere denunciar públicamente el elevado impacto que ya están teniendo sobre el territorio y el medio natural las diferentes actuaciones vinculadas a la central, confirmando lo que la organización señaló en las alegaciones presentadas a las distintas fases de información pública del proyecto de la central Chira-Soria. Las últimas en el Modificado II, donde el alcance de los daños estimados en el proyecto eran manifiestamente irreversibles para Gran Canaria.

En el estudio de impacto ambiental, la empresa Red Eléctrica Española impuso, con la connivencia del Gobierno de Canarias y Cabildo insular, su modelo de central de bombeo reversible y de transporte de la energía, saltándose incluso informes técnicos de estas instituciones que apostaban por aspectos como el tendido de evacuación soterrado.

Esta Federación hizo pública su posición contra este proyecto por considerar, entre otras razones, que los daños ambientales de su implantación suponían un daño irreparable a una zona de alto valor ambiental de la isla de Gran Canaria.

El macizo montañoso de Amagro (502 metros sobre el nivel del mar), fue declarado Monumento Natural como formación particularizada de gran interés geológico, geomorfológico, estético y cultural, ocupando una superficie de 407,7 ha, íntegramente incluidas en el término municipal de Gáldar, al noroeste de la isla de Gran Canaria.

Es hábitat de especies endémicas únicas de la flora insular, entre ellas se debe destacar la salvia blanca de Amagro (Sideritis amagroi) y Argyrolobium armindae, dos plantas exclusivas de esta montaña que se encuentran en ‘peligro crítico de extinción’ y están incluidas en los catálogos canario y nacional de especies amenazadas (Ley 4/2010 de 4 de junio del Catálogo de Especies Protegidas y Real Decreto 139/2011 de 4 de febrero para el desarrollo del listado de especies silvestres en régimen de protección especial y del catálogo español de especies amenazadas). Ambas especies fueron descubiertas con posterioridad al inicio de la actividad minera y deberían ser consideradas en futuras resoluciones sobre la conservación de Amagro.

Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales (Redesscan) y Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza (ACRR)

En los 2 primeros años del COVID, el número de grandes fortunas aumentó un 4,7 % y su riqueza conjunta un 6,5, mientras Canarias se hundía en la pobreza y la exclusión.

En el peor año de la crisis, cuando miles de familia perdían su empleo, las condiciones laborales eran insoportables y se llamaba a la población a resistir con la excusa de que la situación era igual para todas, los ricos aumentaban su riqueza a costa de nuestra miseria.

Los más ricos, un 0,3 % de la población, acumulan el 56% de PIB (la mayor suma de la historia)

Desde la Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción, se quiere volver a denunciar la destrucción sistemática que viene sufriendo este espacio del Parque Rural del Nublo. Veneguera, que ha sido símbolo y bandera de las luchas sociales del movimiento ecologista de Gran Canaria, en la actualidad se está convirtiendo en el paradigma de la destrucción de nuestros espacios naturales protegidos.

En las últimas semanas se nos han hecho llegar avisos y denuncias de personas que están viendo como el cauce bajo del barranco se sigue transformando en una mina a cielo abierto por parte de la entidad LOPESAN, dueña de buena parte de los terrenos. En una zona que forma parte del dominio público de la servidumbre hidráulica del barranco, la empresa ha eliminado toda la cobertura de vegetación de especies endémicas y protegidas entre las que se incluyen balos, tarajales o cardones, con importantes movimientos de tierra, para explotación de los áridos como si de una explotación minera se tratara, convirtiendo el cauce público en una cantera privada. La intención es aportar suelo agrícola (extraído y expoliado de otras zonas de la Isla), alegando que se están restaurando antiguas explotaciones. En algunas zonas de este ámbito sí hubo cultivos de tomates en el siglo XX, pero el abandono de estas actividades ha permitido la regeneración natural de la vegetación potencial que ahora ha desaparecido sin que ninguna autoridad con competencias haya actuado decretando la paralización de este destrozo del espacio natural.

Hace unos días pusieron en El Puertito de Adeje la primera piedra de un macro hotel de lujo un grupo de inversores acompañados, como no, del alcalde de lugar D. José Miguel Rodríguez Fraga. Una piedra que cae como una bomba en una zona bastante bien preservada hasta ahora. El único trozo de tierra de esa zona que nos queda sin llenar de hoteles, campos de golf, yates y rubitos que no saben ni dónde están, recibiendo masajes tailandeses y bebiendo Strongbow.

Nos vuelven a vender por enésima vez un hotel al lado de un Espacio Natural Protegido con la excusa de que está basado en «principios sostenibles». MENTIRA. No existe ninguna forma alguna de meter 16 millones de turistas en unas islas sobrepobladas de forma sostenible. No existe forma alguna de arrancar un tabaibal-cardonal y plantar cocoteros de forma sostenible. No existe forma alguna de llenar una playa refugio de decenas de especies en retroceso de forma sostenible.

- Ecologistas en Acción, SEAE y WWF lanzan un nuevo informe que analiza la evolución del riesgo del uso de los plaguicidas desde 2011 hasta el año 2018.

- El estudio muestra que, a diferencia de las conclusiones del Gobierno Español y de la Unión Europea, no se ha disminuido el uso de plaguicidas y tampoco su riesgo.

- El informe muestra graves deficiencias en los instrumentos legales usados para evaluar el riesgo y la necesidad de sustituirlos por otros que analicen, de forma adecuada y sistemática, las consecuencias sobre la salud de las personas y los ecosistemas derivadas del uso de estos tóxicos en la actividad agrícola.

Con motivo del Día Mundial de la Salud, Ecologistas en Acción, la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología (SEAE) y WWF publican ‘La mochila tóxica de la producción agraria in-sostenible’, un análisis pormenorizado de los datos de comercialización de plaguicidas en España durante el período de 2011 a 2018. El informe pone de manifiesto que no existe una reducción del riesgo para la salud humana. Este resultado contradice la conclusión del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y la Unión Europea, que valora que, aunque la comercialización de este tipo de productos ha aumentado en un 5,56%, el riesgo se ha reducido en un 22%.
Las organizaciones critican que la evaluación de la toxicidad de los plaguicidas en la UE es inadecuada porque minimiza el impacto de estos productos y no ofrece datos precisos sobre los peligros para la salud humana y ambiental. Como resultado, las organizaciones que elaboran este estudio consideran que es urgente modificar dichos instrumentos, además de avanzar en una transición agroecológica del sistema alimentario, que minimice el uso de tóxicos en la agricultura.

Desde el colectivo La Vinca Ecologistas en Acción, se da una vez más la voz de alarma por la situación de inacción, sobrecarga, descontrol y abandono que está sufriendo la Reserva Natural Especial de Azuaje, que cada fin de semana se ve “invadido” por cientos de personas superando ampliamente la capacidad de carga de este único y frágil espacio natural protegido, ubicado entre los municipios de Firgas y Moya.

Durante el último fin de semana incluso se han llegado a producir acampadas en el cauce del barranco, lo que viene a demostrar de manera fehaciente, que las instituciones públicas con responsabilidad en el control, cuidado y mejora de la zona, Cabildo de Gran Canaria, tanto desde la Consejería de Medio Ambiente y Emergencias como desde el Consejo Insular de Aguas, y los Ayuntamiento de Moya y Firgas, “pasan por completo de este espacio protegido, dándoles lo mismo que haya saturación de personas en el espacio natural, que se dañe su flora y fauna, que se tiren basuras en charcos y veredas… Las tres instituciones miran hacia otro lado y mientras tanto la Reserva Natural Especial de Azuaje (C-4) está cada vez más deteriorada”.

La asociación ecologista Centinela Ecologistas en Acción, denuncia el abuso del régimen excepcional de obras de emergencia que varias administraciones públicas pretenden perpetrar en La Palma aprovechando con oportunismo el argumento de la catástrofe volcánica.

La Ley de contratación pública permite a las administraciones emprender obras que resuelvan con diligencia limitaciones graves causadas por catástrofes sin la obligación de tramitar proyectos, sin presupuestar, sin evaluación ambiental previa y sin concurrencia competitiva, es decir contratando a dedo, pero restringe esta posibilidad a la excepcionalidad, a lo estrictamente indispensable en el ámbito objetivo y temporal para remediar los daños derivados de esa situación. Para el resto de obras que necesitan celeridad está la vía de urgencia, que exige todos los trámites ordinarios, pero permite que se acorten los plazos.

Las políticas inhumanas nunca deberían quedar impunes. En la Comisión Española de Ayuda al Refugiado - CEAR se seguirá trabajando para que no se vulneren los derechos de las personas migrantes.

Nuevo revés jurídico a los derechos de las personas migrantes. La Audiencia Provincial de Las Palmas ha archivado de manera definitiva la denuncia contra el hacinamiento de personas migrantes en el puerto canario de Arguineguín y en el que llegó a haber más de 2.000 personas, muchas de ellas durmiendo a la intemperie, tumbadas sobre el asfalto y con acceso mínimo a aseos o baños.